¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO?

La situación ocasionada por la pandemia del COVID- 19 ha dado a conocer una figura jurídica, hasta ahora poco conocida, llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración o RPA consistente en la reclamación por parte del particular o de una mercantil a esta por su normal o anormal funcionamiento. Regulado en diversas normas del ordenamiento jurídico como son la Constitución Española, la Ley 39/2015 o la Ley 40/2015.

Este derecho a reclamar a la Administracion surge del artículo 106.2 de la Constitución Española Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.”

 

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR?

En cuanto a los requisitos exigibles para aplicarlo, se encuentran recogidos en la Ley 40/2015 en concreto en su artículo 32, y son los siguientes:

  • Existencia de un daño o lesión que sea efectivo, indemnizable, individualizado y antijurídico, y como consecuencia de ello se produzca una reducción patrimonial injustificada.
  • Inexistencia de que el particular tenga el deber jurídico de soportar el daño.
  • Antijuridicidad u omisión imputables a una Administración Pública, esto es, que el daño producido sea consecuencia de esa actuación llevada a cabo por esa Administracion, es decir, que exista una relación de causalidad.

 

¿QUÉ TIPO DE DAÑOS SE PUEDEN RECLAMAR?

Se engloban tanto los daños económicos como morales, debiéndose cumplir unos requisitos específicos en cada uno de ellos, en ambos casos debe tratarse de un daño cuantificable. Pero no solo, mientras que en el primer supuesto también debe tratarse de una decisión unilateral de la Administración, en el segundo grupo, debe concurrir una vulneración de Derechos Fundamentales tales como vida, salud, información entre otros.

Un claro ejemplo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración es la inminente Sentencia del Tribunal Constitucional que va a declarar la inconstitucionalidad del primer estado de alarma, comportando el derecho de miles de ciudadanos de poder reclamarle a la Administración por la interposición de más del 1.000.000 de multas interpuestas por esta y que ahora son inconstitucionales.

En conclusión, se trata de un excelente mecanismo legal que permite a la ciudadanía poder reclamar a la Administración por los daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.