Desde el pasado mes de Diciembre los acuerdos de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, se han enfocado en un grupo de medidas sociales cuya pretensión no es otra que fortalecer el sistema jurídico de protección, a los deudores hipotecarios con el fin de evitar el incremento de los desahucios. Si bien es cierto que la Ley de Crédito hipotecario a casi un año de su entrada en vigor (Ley 5/2019 de 15 de marzo), contempla una serie de medidas de protección para aquel que tiene una hipoteca, bajo los principios de transparencia en las cláusulas contractuales e implicaciones económico jurídicas, aún no se ha previsto ninguna medida por parte del Gobierno Español referente a la dación de pago o la figura del retracto crediticio por los deudores hipotecarios cuando le son reclamadas sus deudas judicialmente.
El anuncio se circunscribe únicamente a resaltar que los procedimientos para la ejecución de la hipoteca tienen que garantizar el derecho a la defensa del deudor hipotecario, permitiéndole probar todo cuanto tuviere a bien de conformidad a la normativa europea, que vale destacar ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Marzo del año 2013, imponiendo al Gobierno, a una modificación sustancial de la Ley española que de alguna manera no contemplaba las sanciones y eliminación de las cláusulas abusivas.
Asimismo, en esa oportunidad se establecieron los mecanismos de reestructuración de las deudas hipotecarias a aquellos deudores insolventes de buena fe y en situación de vulnerabilidad, lo cual hasta la fecha únicamente se basa en un conjunto de normas que fueron codificadas para las buenas prácticas bancarias.
Sin embargo, el Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana señala que dentro de la agenda legislativa se encuentra la aprobación de una nueva prórroga para la medida que suspende los desahucios de las viviendas habituales de las familias vulnerables como una solución a la emergencia habitacional que vive España en la actualidad.
Parte de las propuestas que hace la comunidad de deudores hipotecarios al actual Gobierno Español, radica en que lejos de considerar las prórrogas indefinidas de los intereses moratorios puedan ser acogidas aquellas familias que durante el proceso de espera le ha sido adjudicada su vivienda a los “fondos buitre”. En igual sentido, buscan el beneficio de aquellas viviendas que serán objeto de desahucio por alquiler u ocupación por extinción del contrato de alquiler o incumplimiento del pago de los cánones de arrendamiento.
En resumen, la pretensión de los deudores hipotecarios ante el Gobierno Español es que las medidas sociales que están próximas a definirse por vencimiento de plazo, contemplen la posibilidad de acogerse a la moratoria independientemente de la existencia o no del procedimiento judicial previo en el que se acuerde el desahucio.
Lo más interesante de la propuesta del colectivo es ampliar los conceptos de familia vulnerable, ponderando las dificultades que una persona puede tener por ser por ejemplo víctima de violencia machista, pretendiendo con ello que se hable entonces de unidad familiar permitiéndoseles cumplir con el requisito de vulnerabilidad que fuera establecido en las políticas públicas de los gobiernos anteriores.
Si te ha gustado este artículo, por favor comenta y comparte en tus redes sociales puesto que nos ayuda a que Google posicione mejor este contenido y pueda servir de ayuda a otras personas.
Comments